El reconocimiento de la autonomía local en el artículo 137 de la Constitución ha venido siendo desde un inicio permanente objeto de atención y debate, al plantear no pocos problemas interpretativos sobre su significado y contenido. No en balde, se ha apreciado que lo que podría suponer para las entidades locales no ha encontrado un adecuado reflejo en el momento de su configuración jurídica, que no ha respondido a lo que los preceptos sobre los que se asienta posibilitan dentro del marco constitucional. De tal modo, frente a momentos en que ha parecido que se avanzaba en su desarrollo, su última reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha sido de signo contrario, modificando el sistema de atribución de competencias a los municipios y condicionando su ejercicio, opciones validadas por el Tribunal Constitucional. En este contexto, desde diversas instancias se ha venido exigiendo recurrentemente una mayor presencia de las entidades locales en la adopción de las decisiones públicas, con la actualización de su posición en la distribución del poder público territorial, adoptando un punto de vista dinámico en la consideración de su autonomía. Por ello, partiendo del punto en que nos encontramos, es necesario que comprobemos la realidad de la situación en la que la autonomía se desenvuelve y las posibilidades de avanzar en la descentralización local esbozada por nuestra Constitución. Por consiguiente, en este libro examinamos algunas cuestiones que pueden contribuir a esa reflexión, como son la configuración del sistema de distribución competencial y su examen por parte de la jurisprudencia, así como la actividad financiera de las entidades locales.